| 07 de Agosto 2026

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La racha de derrotas en los tribunales de la administración Trump en su intento de obtener los censos electorales estatales alcanzó las 21 este año cuando un juez dictaminó esta semana que los estados no están obligados a compartir los registros con el gobierno federal.

Con los republicanos del presidente Donald Trump defendiendo mayorías ajustadas en ambas cámaras del Congreso, su administración ha emprendido un esfuerzo agresivo para ampliar la supervisión federal de las elecciones antes de las elecciones de mitad de mandato del 3 de noviembre.

Trump sostiene que el voto generalizado de no ciudadanos beneficia al Partido Demócrata, aunque auditorías estatales y estudios independientes han encontrado que el voto no ciudadano es raro.

Una investigación de Reuters encontró que solo 129 personas han sido procesadas por votar como no ciudadano desde que se aprobó una ley que lo penalizaba en 1996, y que la mayoría de esos casos se debieron a confusión o mala comunicación entre los votantes con funcionarios electorales, más que a alguna conspiración.

Repetidamente, y tan recientemente como esta semana, los jueces han determinado que la Constitución de EU otorga a los estados la responsabilidad principal de organizar elecciones federales y que las leyes federales de votación no les obligan a entregar los registros.

“Si el Departamento no está de acuerdo con el juicio del Congreso respecto a los registros necesarios para llevar a cabo sus deberes de ejecución … debe presentar esa objeción al Congreso”, escribió el jueves el juez federal Randolph Moss, designado por el presidente demócrata Barack Obama, al rechazar una solicitud del Departamento de Justicia para obtener los censos electorales sin redactar de Washington, D.C.

El Departamento de Justicia ha demandado a más de dos docenas de estados que se negaron a cumplir con sus solicitudes para entregar los censos electorales que contenían información como fechas de nacimiento y números parciales de la Seguridad Social.

La administración ha acompañado su campaña judicial con amenazas de retener algunos fondos para desastres a los estados que no utilizan un sistema federal para verificar la ciudadanía de los votantes, y ha intentado restringir quién puede recibir papeletas por correo.

El fiscal general adjunto para Derechos Civiles, Harmeet Dhillon, dijo en un comunicado el lunes: “Garantizar que solo voten los ciudadanos elegibles es una función fundamental del gobierno, y los estados tienen la obligación de mantener listas electorales precisas.”

Las 21 derrotas del Departamento de Justicia desde enero provienen de jueces federales de todo el país nombrados por presidentes de ambos partidos, incluidos estados gobernados por demócratas como California y estados liderados por republicanos como Virginia Occidental.

Aún podría prevalecer en cualquiera de los nueve casos similares pendientes.

El departamento ha apelado 16 pérdidas. Ha perdido una apelación; el 24 de junio, un panel de tres jueces del Tribunal de Apelaciones del 6º Circuito de EU, con sede en Cincinnati, confirmó la desestimación de la demanda del departamento contra Michigan. El departamento ha pedido a todos los jueces activos del tribunal que escuchen el caso.

También podría pedir al Tribunal Supremo de EU, donde los jueces conservadores tienen mayoría de 6 a 3, que considere los casos que pierda en apelación, aunque no habría garantía de que el tribunal aceptara ningún caso.

La administración ha tomado medidas adicionales que los grupos de derechos de voto y los demócratas describen como coercitivos.

A principios de julio, Dhillon envió cartas a funcionarios electorales de los 50 estados advirtiendo que podrían enfrentarse a cargos penales si permitían conscientemente que no fueran estadounidenses. ciudadanos para permanecer en sus listas de votantes.

El mes pasado, el Departamento de Seguridad Nacional anunció que retendría algunos fondos de ayuda ante desastres de los estados que no gestionan el censo electoral a través de la base de datos federal de inmigración SAVE.

Por otro lado, el Departamento de Justicia solicitó al Tribunal Supremo que le permitiera hacer cumplir una orden ejecutiva que obligara al DHS a compilar listas de ciudadanos estadounidenses elegibles para votar en cada estado y limitara las papeletas por correo a los votantes en esas listas. Un juez federal bloqueó la orden en varios estados, alegando que las agencias federales carecen de la capacidad de compilar con precisión dichas listas. El tribunal aún no ha dictado nada.

Don Palmer, investigador jurídico senior de la conservadora Heritage Foundation y exabogado electoral del Departamento de Justicia, dijo que la campaña general reflejaba la prioridad que la administración otorga a identificar no ciudadanos y compartir esa información con los estados.

Abogados del Departamento de Justicia han declarado en documentos judiciales y audiencias que el departamento planea comparar las listas de votantes de los estados con SAVE para identificar a los que no son estadounidenses. ciudadanos registrados para votar.

Los demócratas y los grupos de derechos de voto afirman que la información de SAVE sobre si alguien es ciudadano estadounidense puede ser poco fiable.

En una orden del 27 de junio que denegó la solicitud de la administración para obtener la lista de votantes de Pensilvania, la jueza de distrito de Estados Unidos, Cathy Bissoon, con sede en Pittsburgh, designada por Obama, dijo que el gobierno federal estaba en una “expedición de pesca” para “avanzar afirmaciones infundadas de voto no ciudadano.”

El Departamento de Justicia ha apelado la sentencia de Bissoon ante el Tribunal de Apelaciones del 3er Circuito de EU, con sede en Filadelfia, que aún no ha programado una audiencia para el caso.

Lis Frost, abogada electoral de Elias Law Group, dijo que la administración podría señalar su incapacidad para obtener el censo electoral de varios estados para intentar minar la confianza pública y sentar las bases retóricas para impugnar las derrotas republicanas en las elecciones de mitad de mandato.

“Inventarán mentiras sobre sospechas inventadas acerca de los censos electores”, dijo Frost, cuyo despacho representa frecuentemente al Partido Demócrata en los tribunales.

Un portavoz del Departamento de Justicia citó un hallazgo del 17 de julio del Departamento de Seguridad Nacional que indicaba que más de 250,000 posibles no ciudadanos estaban registrados para votar en cuatro estados, así como la divulgación de Nueva Jersey de que 400 no ciudadanos emitieron su voto tras registrarse erróneamente entre 2023 y 2024.

El DHS no especificó cuántos de los 250,000 eran realmente no ciudadanos, cuántos votaron ni cómo se alcanzó esa cifra. Más de 4 millones de personas votaron en Nueva Jersey en las elecciones presidenciales de 2024, y el gobernador demócrata del estado afirmó que no había pruebas de que las papeletas afectaran el resultado electoral.

Con información de Reuters