Veracruz, Ver. | 31 de Mayo 2025

Redacción Crónica Veracruz

Veracruz, Ver. 31 de mayo de 2025.- A un día de las elecciones para la presidencia municipal, funcionarios del Ayuntamiento panista de Veracruz fueron descubiertos cuando, en total flagrancia, coaccionaban el voto en plena veda electoral, operando en distintas colonias del municipio con el respaldo de la alcaldesa Patricia Lobeira y de sus policías municipales y elementos de Protección Civil, quienes acudieron a rescatarlos tras ser confrontados por vecinos.

En la colonia Dos Caminos, habitantes identificaron a los dos empleados del Ayuntamiento, de nombre Gerardo Hernández Yépez -de la dirección de Comercio- y Héctor Domínguez Estrada -de Desarrollo Social-, quienes se encontraban entregando boletos de una rifa millonaria de casas, terrenos y materiales de construcción, con el lema de campaña de la candidata panista Indira Rosales San Román.

Cabe mencionar que Héctor Domínguez Estrada es chofer del ex director de Desarrollo Social y candidato perdedor a la diputación local, Gerardo Loya Romero, quien actualmente figura como candidato a regidor en la planilla edilicia de la panista Indira Rosales.

Al momento de los hechos, estos funcionarios portaban listas con nombres, domicilios y teléfonos de los supuestos beneficiarios.

Al ser descubiertos, los señalados se resguardaron en el patio de una vivienda particular. Posteriormente, elementos de la Policía Municipal y de Protección Civil arribaron al lugar, no para detenerlos, sino para protegerlos y facilitar su escape, confirmando la complicidad entre quienes operaban la coacción del voto y las corporaciones del propio gobierno municipal al mando de Patricia Lobeira.

Hechos similares fueron documentados en la Reserva Tarimoya, donde testigos captaron imágenes de una camioneta del Ayuntamiento repartiendo los mismos boletos casa por casa. Aunque la matrícula no fue visible, vecinos identificaron el vehículo como parte del parque vehicular municipal. En la colonia Antorcha Popular también se reportó la entrega de estos boletos como mecanismo de condicionamiento del voto.

Estas acciones configuran violaciones claras a la Ley General en Materia de Delitos Electorales, particularmente el artículo 11, que sanciona a funcionarios públicos que desvíen recursos o programas con fines electorales, y el artículo 7, que castiga el condicionamiento del voto mediante beneficios, promesas o sorteos.

Lo ocurrido exhibe una operación sistemática desde el poder municipal para favorecer al proyecto político del partido en el poder. A tan solo un día de la jornada electoral del 1 de junio, el uso de recursos públicos y el respaldo de las corporaciones municipales revelan un esquema de intervención directa del Ayuntamiento panista en el proceso electoral, incurriendo en delitos graves que atentan contra la voluntad popular y los principios democráticos.