CDMX | 27 de Septiembre 2026

Excelsior

Tras el cambio de medida cautelar para que el ex gobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, cumpla una prisión domiciliara, la Fiscalía General de la República informó que su proceso penal continua, al existir elementos contundentes de presuntas irregularidades, ante un presunto caso de tráfico de combustible, por la empresa en la que es accionista.

En ese sentido, la indagatoria cuenta con datos de prueba contundentes, como dictámenes periciales, entrevistas, diligencias, análisis de información, entre muchos otros, que establecieron que la empresa de la cual es accionista Ernesto “N” presentó un comportamiento incongruente con su perfil fiscal, al registrar movimientos millonarios en cuentas nacionales”, indicó el organismo autónomo, en un comunicado.
Ruffo Appel fue detenido y vinculado a proceso por su presunta participación en delitos de delincuencia organizada, fiscales y relacionados con el tráfico de combustible, por lo que se ordenó prisión preventiva en el Centro Federal de Reinserción Social número 1, Altiplano, en Almoloya de Juárez, Estado de México, desde el pasado 23 de julio.

Jueza resuelve cambio de medida cautelar
Una Jueza Federal resolvió, el pasado fin de semana, el cambio de medida cautelar para que el indiciado cumpla una prisión domiciliaria, ante las condiciones de edad y salud del exgobernador, por lo que el sábado salió del centro penitenciario, para un traslado por tierra, por parte de la Guardia Nacional, desde Almoloya hasta Ensenada, Baja California.

Si bien es cierto que la autoridad judicial le concedió el cambio del lugar de cumplimiento de la medida cautelar, al señalar su defensa que dicha persona es adulta mayor y tiene problemas de salud, ello no implica que su proceso penal se detenga o presente cambios.

Como lo hemos señalado, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los delitos que se le imputan a Ernesto “N”, como son la delincuencia organizada y en materia de hidrocarburos, conllevan que la autoridad judicial imponga de oficio la medida cautelar de prisión preventiva, por lo que su aplicación no es a criterio del Ministerio Público Federal (MPF)”, señaló la FGR.

Indicó que los trabajos ministeriales de la Fiscalía Especializada en materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) permitieron identificar una red de contrabando de combustible, con el uso de ferrotanques para desarrollar sus operaciones.

Según las investigaciones, Ruffo Appel es uno de los principales socios de la empresa involucrada en estos hechos, vinculados con actividades de servicios portuarios, dragados y operación de puertos. © 2026 Imagen - Excélsior.