Xalapa, Ver. | 03 de Julio 2026

Redacción Crónica Veracruz

El Gobierno del Estado de Veracruz informa que la Auditoría Superior de la Federación realizó una auditoría denominada Distribución de las Participaciones Federales de la cual concluyó que la administración estatal realizó una gestión adecuada en la distribución y pago de las participaciones federales a los municipios durante 2025.

De los 13 resultados de la auditoría, 10 no presentaron observaciones, 2 fueron aclarados y únicamente se emitió una recomendación de mejora, sin determinar daño patrimonial o económico a la Hacienda Pública.

Las participaciones federales son recursos que la Federación entrega a los estados. Para determinar cuánto corresponde a cada entidad, se aplica una fórmula prevista en la Ley de Coordinación Fiscal para el Estado y los Municipios de Veracruz de Ignacio de la Llave, basada en datos oficiales como población, actividad económica y recaudación.

Después, cada estado debe distribuir esos recursos entre sus municipios. En este proceso, la Auditoría Superior de la Federación revisa que el cálculo se haya realizado con información oficial y actualizada.

En este contexto, se le manifestó al estado la necesidad de contar con mecanismos para actualizar oportunamente los datos utilizados en el cálculo de las distribuciones, también se acreditó que la actualización de la información oficial de terceros presenta desfases durante los primeros meses del año. En este sentido, la entidad acreditó la implementación de acciones de seguimiento y actualización de información oficial disponible a ese momento.

En este proceso se reconocieron fortalezas del estado, entre ellas: contar con fórmulas y criterios debidamente aprobados; utilizar sistemas informáticos especializados para calcular y distribuir los recursos; y mantener control sobre las transferencias realizadas a los municipios, respetando los montos determinados por las fórmulas y depositándolos directamente en las cuentas bancarias notificadas para ese fin.

Lo anterior implica que al Estado se le reconoce un proceso adecuado para la distribución de los recursos, que como cualquier actividad es susceptible de mejorarse, por lo que se suscribió una recomendación orientada a fortalecer los mecanismos de control interno, de la cual, su atención ya se encuentra prevista.