Veracruz, Ver. | 13 de Junio 2025

Enrique Bautista Molina

Agraviados de un presunto fraude inmobiliario ocurrido hace casi 4 años, pidieron apoyo a las autoridades para recuperar la inversión que en su momento realizaron.

Al respecto, Juan Carlos Sánchez Ibarra y Carlos Bello acusaron a las desarrolladoras Geofirmus y Tamayo Capital SAPI de CV, de ser las responsables de este fraude. Refieren que hace tres años compraron lotes en lo que sería el complejo residencial "Mandara" en la Riviera Veracruzana, sin embargo, a pesar de haber entregado cantidades de dinero de entre 300 y 700 mil pesos, no les han entregado la propiedad ni tampoco les han devuelto su inversión.

Los entrevistados dijeron que en su momento pensaron se trataba de un atraso de las obras, lo cual calificaron de normal, pero empezaron a detectar que había anomalías en la compra-venta de sus terrenos, cuando uno de ellos acudió a las oficinas centrales de la desarrolladora en Monterrey para reclamar su inversión, y se encontró con que ya habían desaparecido.

De igual manera comenzó a difundirse en las noticias sobre un presunto fraude inmobiliario que habían cometido ambas empresas desarrolladoras en contra de otras personas en aquella ciudad del norte del país.

“A mí lo que me comentaban ellos (desarrolladoras) es que buscaban inversores, desarrollaban los proyectos y después los vendían; aquí supuestamente es que se les atrasó la venta de los proyectos como tal, pero se les atoró el flujo del efectivo, eso es lo que explican ellos, pero hasta el día hoy no hablan claro de cómo lo van a solucionar, cuando nos van a pagar”, dijo Juan Carlos Sánchez Ibarra.

En su caso, realizó una inversión de 350 mil pesos, pero dice saber que tanto Geofirmus y Tamayo Capital SAPI de CV se beneficiaban a través de dos esquemas económicos: uno por rendimiento y el otro por la venta de proyectos residenciales, viéndose afectados por este último.

Agregó que tiene conocimiento de que son más de 50 personas las afectadas y actualmente están recabando los datos de los socios y las pruebas necesarias para proceder legalmente en contra de las empresas con las que se hizo el contrato y se depositó el dinero.

Ante tal situación, solicitaron el apoyo del Gobierno de Veracruz para que inicie las investigaciones correspondientes, porque ambas empresas se encuentran señaladas de haber cometido otros fraudes inmobiliarios en Monterrey, Querétaro y al parecer en la entidad Veracruzana.