Veracruz, Ver. | 23 de Mayo 2025

Enrique Bautista Molina

Mujeres de origen mazateco mantienen un plantón en las inmediaciones del Palacio de Justicia Federal de Boca del Río, en espera de conocer al juez que resolverá un amparo que promovieron en beneficio de 200 habitantes de la comunidad de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca.

Argelia Betanzos Cepeda, abogada originaria de ese pueblo, dijo que han tenido que buscar justicia en todos los rincones, juzgados y tribunales, sin obtener justicia a su caso.

En torno a los hechos y como antecedente dijo que su comunidad mazateca de Eloxochitlán de Flores Magón es víctima de violencia de Estado desde hace más de una década, ya que se atentó contra su organización comunitaria y se bloqueó la defensa de su autonomía y territorio a partir de una persecución incesante.
En este sentido señaló que en diciembre de 2014, más de 40 personas defensoras comunitarias, mujeres y hombres, originarias de más de 11 localidades del municipio han sufrido detenciones arbitrarias, procesos penales injustos, prisión preventiva sin sentencia hasta por diez años, y desplazamiento, por el simple hecho de querer vivir en la comunidad conforme a los valores ancestrales que resaltan el respeto a la madre tierra.

Los agresores de la comunidad han sido tres gobiernos estatales, incluido el gobernador actual Salomón Jara Cruz de la mano de una cacique local, la diputada de Oaxaca Elisa Zepeda Lagunas, y su padre Manuel Zepeda, quien se dedica a la extracción ilegal de piedra del río de la comunidad, Xanga Ndá Ge. Acusó, que desde las oficinas centrales de Oaxaca se han impuesto prácticas ajenas a la organización comunitaria para el control político.

Celebró que las mujeres, mediante procesos jurídicos federales, lograron la liberación de todos sus presos políticos, sin embargo, en mayo de 2025, existe el riesgo de detenciones violatorias contra 56 personas defensoras comunitarias, entre ellas, trabajadoras de la educación y mujeres adultas mayores, esta nueva oleada de represión se da precisamente cuando ya no hay ningún preso político y cuando la comunidad decidió luchar por el regreso de 14 perseguidos políticos que faltan de regresar a la comunidad.
“No estamos dispuestas a repetir una vida de desplazamiento, de cárcel, que y político; hoy exigimos que los jueces federales abran los ojos y vean cómo a todas luces se ven las mentiras con las que se nos sometió. No nos vamos a ir hasta que se ponga fin a la persecución de más de una década”.
Explicó que en esta ocasión su caso pasó a un juzgado de distrito de Boca del Río, y argumentó que están obligados a responderles con protección inmediata para las 55 personas perseguidas y con el cese definitivo a una década de criminalización, deben dar amparo a los 14 indígenas desplazados desde hace 10 años.
Las mujeres mazatecas afirman que no se irán hasta llevarse la justicia completa.

Y es que agregaron que las mujeres indígenas siguen en las comunidades siendo víctimas del saqueo, despojo y feminicidio, ya por el Estado ya por la delincuencia organizada, ya por la marginación provocada desde las administraciones centrales; afirman que, una vez más, están buscando Justicia desde las calles, y convocan a toda la solidaridad nacional e internacionalista, así como a la población veracruzana, a sumarse a la exigencia de justicia.