| 22 de Mayo 2025

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El Heraldo de México.- Este jueves 22 de mayo se dio a conocer que una jueza en el estado de Florida, Estados Unidos, sentenció a Genaro García Luna y a su esposa, Cristina Pereyra, a pagar más de 2 mil 500 millones de dólares. El exsecretario de Seguridad Pública había sido demandado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México, la cual lo señalaba por obtener recursos del estado mediante actos de corrupción.

La sentencia fue emitida luego de que el 21 de septiembre de 2021, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) presentó una demanda civil ante el Tribunal Undécimo Circuito Judicial de Condado de Miami-Dade, Florida, esto por presuntamente haber obtenido millones de dólares del gobierno de México, a través de sobornos, manipulación de licitaciones y corrupción gubernamental.

Las autoridades mexicanas han señalado que García Luna operaba a través de un esquema ilegal de contratación gubernamental. El exfuncionario obtenía el dinero a través de contratos manipulados y posteriormente transfería el dinero fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, esto para aparentemente ocultar las cifras de dinero que tenía.

illones de dólares del gobierno mexicano y transfirieron esos fondos fuera de México hacia el condado de Miami-Dade, Florida, con el fin de ocultar los fondos robados en las propiedades en cuestión. En total, García Luna y personas que actuaban bajo su dirección recibieron 580 millones de dólares por los contratos ilegales”, explicaron los abogados de la UIF cuando comenzó el proceso legal.

¿Por qué sentenciaron a Genaro García Luna?

Cabe recordar que la jueza a cargo del caso había dado como fecha límite el 28 de abril para que las partes involucradas en la demanda llegaran a un acuerdo o iniciaran un juicio formal. En caso de que no se cumpliera con este proceso, la jueza había advertido que el caso sería cerrado.

Dado que García Luna no expresó su intención de defenderse ni se presentó ante la corte y su esposa, quien al inicio participó a través de un abogado, tampoco continuó con el proceso e incluso dejó de asistir a las audiencias de mediación que se habían programado desde 2024, la jueza decidió fallar en su contra y ordenar el pago correspondiente por los bienes reclamados.