Veracruz, Ver. | 19 de Octubre 2023 | 13:02 hrs.

Enrique Bautista Molina

Tal y como se hizo en toda la república mexicana, este jueves empleados del Poder Judicial de la Federación (PJF) en Boca del Río, iniciaron un paro de brazos caídos como protesta tras la aprobación por parte de los diputados de Morena de retirar 13 de los 15 fideicomisos que maneja este poder.

En este tenor, Enrique Buenaventura Romero Espinoza, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la sección 28, detalló que en este movimiento participan alrededor de 630 trabajadores del Palacio de Justicia de Boca del Río, más empleados de otros municipios como Xalapa, Poza Rica y Coatzacoalcos.

De igual manera se hace un plantón que se llevó a cabo frente al Palacio de Justicia Federal, ubicado en la avenida Juan Pablo Segundo, desde donde los manifestantes marcharon por el bulevar Adolfo Ruiz Cortines, gritando consignas en contra del resolutivo del Congreso de la Unión.

Buenaventura Romero agregó que el paro nacional se llevará a cabo de manera indefinida, en tanto se tenga alguna resolución por parte de la dirigencia nacional del sindicato, y por ahora, se encuentran suspendidos todos los servicios jurisdiccionales.

Sin embargo, afirma que si bien esto puede generar atrasos, los plazos para las personas que están sujetos a estos trámites no avanzan, porque se considerarán los días de paro como días inhábiles, en tanto se tenga una resolución.

Insistió en que la demanda de los trabajadores es justificada en el sentido de que con la desaparición de los fideicomisos se está poniendo en vulnerabilidad los derechos de los empleados, pues algunos de estos fideicomisos eran generados con el sueldo de los propios burócratas.

Rechazó que se trate de excesos, si no, afirmó que se trata de prestaciones que otras instancias y empresas también brindan a sus empleados.

Por lo anterior, adelantó que además del paro nacional, se promoverán amparos masivos por parte de los trabajadores y, por su parte, legisladores y partidos de oposición recurrirán a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para presentar acciones de inconstitucionalidad en contra de la medida.