México, 22 de Julio del 2016.- De nueva cuenta el gobierno federal presidido por Enrique Peña Nieto se enfrenta a las iniciativas del gobernador del estado de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa que recientemente fueron aprobadas en el Congreso Local. En esta ocasión el presidente pretende echar abajo una norma en materia educativa que solo se aprobó en la entidad por petición del gobernador

Cabe recordar que recientemente Peña Nieto presentó una controversia por las leyes anticorrupción recién promulgadas en Veracruz, por considerarlas incompatibles con la norma federal. En este mismo contexto, se presentó un segundo recurso ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en esta ocasión por la homologación de la reforma educativa a la que se le añadió su propio Comité Estatal de Seguimiento (CES) al Servicio Profesional Docente, que no está contemplado en la reforma educativa original, ni en la de constitución de ningún otro estado.

La controversia constitucional se interpuso el pasado 29 de junio y quedó registrada bajo el número de expediente 65/2016. El mismo busca invalidar el acuerdo número SEV/DJ/014/2016, con el que se crea el CES.

Según lo publicado en la Gaceta Oficia del estado el pasado 19 de mayo, el CES tiene como propósito “vigilar la totalidad de los procesos del Servicio Profesional Docente (…) vigilar que los procesos de ingreso, promoción, reconocimiento y permanencia al servicio profesional docente se realicen conforme a las leyes, lineamientos y bases establecidas para cada caso; tener acceso en el pleno a los expedientes de los participantes a fin de resolver controversias (…) verificar que la difusión de las convocatorias nacionales (en sus diferentes fases) se haga de manera efectiva y con la suficiente anticipación, a través de los medios autorizados”.

Todas estas facultadas conferidas al Comité, según alega la presidencia, le pertenecen exclusivamente a la federación. Cabe recordar que durante el 2015 la corte ya había fallado a favor de presidencia en diversos recursos contra otras entidades, por lo que se espera que la resolución se dicte durante el próximo periodo de sesiones de la corte, que inicia el 1 de Agosto.

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