Por: José Calzada

El Sistema de Administración Tributaria (SAT) aportó suficientes pruebas para que un juez concediera a la Procuraduría General de la República (PGR) la primera orden de aprehensión relacionada con el caso de las empresas fantasma de Veracruz, a través de las cuales el gobierno de Javier Duarte desvió al menos tres mil 300 millones de pesos, trascendió que se trata de 10 personas que podrían ser funcionarios, ex funcionarios o personas beneficiadas con la actos al margen de la ley de la actual administración estatal que encabeza Javier Duarte de Ochoa, con lo que se envía el mensaje de que la ley se aplicará caiga quien caiga.

El portal de noticias Animal Político, publicó ayer su segundo informe sobre la investigación del caso, donde es establece que están involucrados con el caso 10 funcionarios y que seis de ellos presentan “inconsistencias relevantes” por lo que están sujetos a investigación.

La noticia ya era esperada en Palacio de Gobierno y en todas las oficinas de quienes saben bien que torcieron la ley para obtener recursos públicos e intentaron engañar al SAT a través de empresas pantallas que sólo se utilizaron para obtener el dinero, declarar en ceros y luego desaparecer. La orden de aprehensión se desprende de las 32 denuncias penales que el SAT presentó ante la PGR en contra de las empresas involucradas en el desfalco.

El calambre para los protagonistas de la administración estatal 2010-2016 no se limita a las 10 personas de las cuales no se ha dado a conocer sus nombres, pero se sabe que lo agentes de la PGR sólo encontraron a nueve y que el décimo ya puso tierra de por medio, ya que hay al menos otros dos procesos penales consignados ante un juez. En uno el juez ya dictó el auto de vinculación a proceso; es decir, consideró que hay elementos para iniciar el juicio, y en otro está en el análisis de pruebas iniciales.

El SAT es muy claro en el reporte informa que se identificaron a 34 contribuyentes relacionados con el desfalco –33 morales y una física–; de los cuales 26 están directamente involucrados y ocho más asociados.

En concreto, el SAT consigna que, “de las personas morales involucradas, se identificaron los datos de 59 socios. En 29 empresas el representante legal es al mismo tiempo uno de los socios. Asimismo, se identificó a siete representantes legales que aparecen como socios de distintas empresas”.

De los 34 contribuyentes se tienen localizados a tres y no localizados a 30 personas morales y una física.

Sin duda, el portal noticioso, merece todo el crédito, ya que la investigación del SAT surgió a partir de un reportaje de Animal Político que reveló cómo el gobierno de Duarte desapareció millones de pesos del erario a través de empresas fantasma.

En cuanto a los procesos penales, se han presentado 32 querellas por la probable comisión del delito de rendir con falsedad al registro, los datos, informes o avisos a que se encuentran obligados los contribuyentes.

SANCIÓN AL OPLE

Tal parece que la presión del Partido Acción Nacional sobre el Tribunal Estatal Electoral subió efecto ya que este viernes, la autoridad judicial electoral emplazó a la Secretaría de Finanzas y Planeación a pagar los adeudos de las prerrogativas a los partidos políticos a través del Órgano Público Local Electoral

Los partidos políticos, principalmente los de oposición como el PRD, el PT y el MC se sumaron a las presiones legales con recursos para exigir ante el máximo órgano electoral que se cumpla con lo que es ley y obligación de la administración pública estatal para los partidos políticos, mientras el Cardenista amagó con cerrar calles de la ciudad de Xalapa, ya que su dirigente Antonio Luna vive del presupuesto público desde hace ya muchas décadas.

El PRI y el PVEM se mantuvieron institucionales aunque también padecieron la crisis por la falta de recursos que significó el retraso de las prerrogativas que utilizan para su operación en el estado de Veracruz. Como siempre los partidos aliados se mantuvieron tibios para tratar de tapar lo que es imposible ocultar, una severa crisis económica derivada de una mala administración de los recursos públicos.

Después de muchas presiones, el último día septiembre, la Sefiplan depositó las prerrogativas, aunque a los consejeros y directores de área, sí les cumple puntualmente y pueden darse la gran vida con lujos que jamás pensaron ni en el mejor de su desempeño laboral.

Pero, los más afectados son como siempre los más débiles unos 500 trabajadores de las oficinas distritales de todo el estado de Veracruz, siguen en espera del pago de cinco quincenas, es decir dos meses y medio sin cobrar un sólo peso.

INMINENTE ANARQUIA

Es poca la gobernabilidad y gobernanza que se vive en Veracruz pero cada día el robustece este negativo estatus con nuevas complicaciones que impacta en la sociedad veracruzana y que ninguna autoridad puede o quiere resolver, tal es el caso de la eliminación de la tarifa de estudiante en todo el estado de Veracruz, por los siempre abusivos transportistas.

Es cierto que para todos los sectores las crisis son cada vez más pronunciadas y con saldos más negativos, pero el impacto a los estudiantes es demoledor y la Dirección de Tránsito y Transporte simple y sencillamente se hizo de la vista gorda para dejar correr las nuevas tarifas, mientras los transportistas se regocijan con más ingresos.

En las diferentes regiones de Veracruz, los abusos de los transportistas se dieron, pero el dato relevante es que la infamia contra los estudiantes es un acuerdo en lo oscurito por parte de la autoridad con los dirigentes transportistas, tal vez éstos últimos tengan que aportar un bono de despedida a la autoridad que les permite poner en riesgo a los usuarios con sus destartaladas unidades.

plumanegra12@gmail.com

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