Por: Juan Carlos García Rodríguez

Le llamaron “Marcha por la familia”, pero no lo es, no puede serlo una manifestación que promueve la intolerancia, la discriminación y que busca negarle sus derechos constitucionales a ciudadanos mexicanos por su sexualidad.

La “Marcha por la familia” es parte de una cruzada que bien puede calificarse de medieval. Es retrógrada y conmina al odio. Mientras el mismo papa Francisco sermonea sobre el respeto a la diversidad, en México, la jerarquía de la iglesia católica se ha dado a la tarea de conseguir y presionar políticamente para reformar la Constitución conforme a sus ideas.

La iglesia católica organizó marchas para este sábado en alrededor de 120 ciudades del país. No lo hace directamente, pues podrían merecer sanciones, sino a través de organizaciones afines y creadas expreso, en este caso el Frente Nacional por la Familia. Esta manifestación es la respuesta a la propuesta presidencial de un paquete de reformas que buscan la no discriminación, entre las que se incluyen el matrimonio igualitario en todo el país (actualmente sólo es legal en tres estados, en otros cinco se permite pero con otra figura legal), la revisión de normas que promueven la discriminación para derogarlas o modificarlas y la modernización del lenguaje dentro del Código Civil (aquí se incluye la expedición de actas de nacimiento con cambio de sexo poder emitir otros documentos oficiales como el pasaporte, pues actualmente es un severo problema para quienes hayan cambiado de sexo cualquier trámite).

Los grupos católicos detrás de la marcha han recurrido a todo tipo de artimañas para engañar a sus feligreses. No es cuento, los slogan utilizados no mienten: #DefendemosLaFamilia, #NoTeMetasConMisHijos y #AMisHijosLosEducoYo, buscan atrapar a los creyentes en una falsa premisa, que hay un ataque. Sus volantes y trípticos siguen el mismo patrón: entre los argumentos, aseguran que con la iniciativa las escuelas se llenarán de maestros gays que promoverán la homosexualidad, que en las nuevas actas de nacimiento se podrá escoger masculino, femenino, homosexual, transexual, bisexual, etc., que los contenidos de los libros de texto en las escuelas promoverán valores de dudosa sexualidad. No es broma, textualmente es lo que dicen los volantes. Los carteles aseguran que sin papá y sin mamá no existe una familia.

Algunos de los organizadores tuvieron espacio en diversos medios. Ahí, dijeron no estar en contra de la unión entre homosexuales, sino que simplemente no se le llame matrimonio; igualmente aseguraron que no llaman a la discriminación. Es mentira: la iglesia católica busca frenar una iniciativa que reconocería los derechos ciudadanos que actualmente se niegan. Su objetivo es frenar la reforma e incidir en la educación. Hace unos meses también dijeron que su cruzada “En favor de la vida” no era contra el aborto; otra mentira: su objetivo es que se prohíba el aborto en todo el país.

Y es que la cruzada no comenzó con esta iniciativa presidencial. En 2009, la Asamblea Legislativa del Distrito Federal despenalizó el aborto, con ello se permitió constitucionalmente en la Ciudad de México la interrupción del embarazo durante las primeras doce semanas. Esto abrió una polémica y una confrontación entre el Gobierno del DF y el Gobierno de la República, en ese entonces panista; en las clínicas del IMSS y el ISSSTE no se realizaron abortos durante el gobierno de Calderón. En cambio, la administración federal y la iglesia promovieron una controversia constitucional en contra de la reforma capitalina. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que era constitucional.

Esto constituyó una afrenta para la iglesia católica que le dio la vuelta y buscó por otro lado, por los estados, promovió la reforma “en favor de la vida”. Esta reforma, que parecía inocua, adicionaba en las constituciones del estado una simple frase. Al artículo en que dice que el estado debe garantizar la protección de la vida, se adicionó “desde el momento de la concepción”.

Poco a poco fueron cayendo los estados, políticos, gobernadores y legisladores de todos colores se rindieron ante el poder de la iglesia católica. Congresos priistas, panistas y perredistas aprobaron la reforma. La iglesia consiguió 18, la mayoría de los estados del país. Esta misma semana, encarrerados, diputados afines ya ingresaron la iniciativa en la Cámara de Diputados federal para promover el cambio en la Constitución de la República, si se aprueba, una nueva controversia resolvería inconstitucional el aborto. Se tardaron, pero consiguieron su objetivo. Las promoventes: una diputada de Encuentro Social, dos del PAN y una del PVEM.

No caben de contento, pues ya existe otro movimiento para exigir que en los libros de texto escolares se prohíba reconocer otras preferencias sexuales, entre otras cosas.

La iglesia católica en México es poderosa y corrupta, sí, y sus jerarcas viven entre la opulencia aprovechándose de la fe de un pueblo pobre. Niegan sistemáticamente el abuso infantil de curas pederastas, que consideran tan natural como su concepción de familia.

Por revisar un historial, ahí está el arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, amiguísimo del todavía gobernador Javier Duarte, tanto que lo impulsó y lo defendió innumerables veces; defensor del padre de Xalapa acusado de pornografía infantil, a quien la iglesia sacó de la cárcel y escondió bajo su sotana. El abogado fue Fernando Perera, a quien el arzobispo consiguió que se nombrara presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos. No fue lo único que logró Reyes Larios, su sobrino, David Reyes Vera, fue recientemente candidato a diputado por el PRI en Camerino Z. Mendoza.

Ante las presiones, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conapred), se pronunció y calificó como discriminatoria la marcha católica, pues aseguró que la Constitución reconoce a familias no tradicionales.

Dicen que la marcha no es contra la comunidad gay y la diversidad, pero recordemos que todavía en los años 60 en Estados Unidos, casi dos siglos después de que fuera abolida la esclavitud, los negros no podían sentarse junto a los blancos, la razón, decían, no era negarles sus derechos como ciudadanos, sino simplemente orden. No nos engañemos, no hay diferencia en discriminar a familias diferentes y negarles derechos constitucionales que segregar a negros, judíos o indígenas.

Se trata de derechos civiles, y la iglesia debe dejar de meter las narices.

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