Veracruz, Ver., 23 de agosto de 2016.- Ignorando las voces en contra de la intromisión religiosa en los temas de Estado, y con una atmósfera abiertamente elitista y católica, el Gobernador Javier Duarte firmó el decreto de la llamada ley “Sí a la vida”.

La reforma al artículo cuarto de la constitución estatal de Veracruz, propuesta por Duarte de Ochoa a petición de la comunidad católica, establece la protección de la vida desde la concepción y hasta la muerte natural, cerrando la puerta a propuestas a favor de la interrupción legal del embarazo y la solicitud de la eutanasia, temas controversiales que se ha tratado de impulsar desde la perspectiva de los derechos humanos.

Rodeado de líderes religiosos y empresariales, el mandatario firmó el decreto correspondiente en las instalaciones del Instituto Rougier de la ciudad de Veracruz, un colegio particular de corte elitista y regentado por la iglesia católica.

Además, impulsores de la campaña “civil” Sí a la vida acompañaron al mandatario para reconocer su apoyo en la aprobación de dicha ley que cumple con sus intereses.

Cabe destacar que el espacio para realizar la ceremonia dista de la imagen “ciudadana” y “laica” con la que el mandatario ha intentado vestir su propuesta, misma que grupos feministas y de derechos humanos pretenden echar abajo haciendo mano de los principios fundamentales expuestos en la Constitución, contra la intromisión de la iglesia en las leyes.

A pesar de ser un evento político, uno de los invitados estrella fue el mismísimo Arzobispo de Xalapa, Hipólito Reyes Larios, quien se caracteriza por presentarse en eventos considerados impropios para su envestidura, casi siempre invitado de funcionarios militantes del Partido Revolucionario Institucional.

Además del tan criticado evento, el mandatario fue increpado a su arribo a la institución por trabajadores despedidos del Sistema de Agua y Saneamiento de Veracruz, hoy en vía de extinción.

Los obreros le exigieron que, así como dice apoyar las causas sociales, abogue por sus derechos como trabajadores, pues hasta la fecha nunca había tocado el tema ni se había acercado a los afectados.

Le exigieron que desde su puesto haga la indicación correspondiente para que las autoridades estatales respeten sus derechos y ordenen la reinstalación en sus puestos de trabajo y la indemnización correspondiente por el actual responsable, la empresa mixta Grupo MAS.

Ante la presión, el gobernador sostuvo que los apoyarían sin dar mayor explicación ni espacio a cuestionamientos, para acceder lo mas rápido posible al inmueble.

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