Xalapa, Ver., 11 de octubre de 2016.- Pese a la gran deuda con proveedores de más de 12 mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno de Veracruz, la mayoría priista en el Congreso del Estado dejó en la “congeladora” una iniciativa de ley en la cual se obliga al Gobierno de Veracruz que sólo pudieran publicarse licitaciones de las cuales hubiera presupuesto.

La diputada, María del Carmen Pontón Villa, observó que se le ha vuelto costumbre a los gobiernos de los últimos sexenios usar a los empresarios como crediticias para que ellos hagan obras, que luego terminan por no pagarles.

De acuerdo al Órgano de Fiscalización Superior de Veracruz (Orfis), el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, tiene un pasivo con proveedores que asciende a más de 12 mil millones de pesos.

Al respecto, la diputada local advirtió sobre la iniciativa que la actual Legislatura dejó en la congeladora para que se garantizara el que sólo podrían publicarse convocatorias para licitaciones que contaran con un presupuesto.

“Se debe contar con la suficiencia presupuestal para asumir sus compromisos, es decir, que cada ente pague a su proveedor garantizando el adecuado ejercicio del gasto en cada una de las áreas ejecutorias con base en un calendario financiero y programas autorizados”, declaró Pontón Villa.

De esta forma se impediría que el gobierno estatal tuviese pasivos con proveedores y contratistas, evitándose momentos bochornosos, así como afectaciones a la ciudadanía ante los bloqueos que han hecho hasta los constructores.

El pasado jueves, integrantes de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) de Poza Rica y Xalapa, denunciaron que llevan cinco años esperando que el gobierno de Veracruz les pague, prácticamente desde que la actual administración entró no ha cumplido con sus obligaciones.

Mientras que datos de la misma Sefiplan arrojan que de 2007 al primer trimestre del 2014 el Gobierno del Estado había contratado más de 24 mil 800 millones de pesos en materiales, suministros, servicios generales y bienes muebles, que más que contrataciones parecieran financiamientos.

Por ello, la iniciativa plantea reformar la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos, Administración y Enajenación de Bienes: “que garantice a quienes ven al gobierno como cliente, los recursos suficientes para cumplir con los compromisos que derivados de contratos logren obtener de las administraciones públicas”.

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