Ciudad de México a 9 de noviembre de 2016 (La Jornada).- La Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados consideró “improcedente la aprobación” de la iniciativa del presidente Enrique Peña Nieto para garantizar en la Constitución el matrimonio entre personas del mismo sexo, y señaló que si bien el Estado mexicano tiene la obligación de proteger los derechos humanos, “esta puede tener sus matices”.

La opinión fue enviada a la Comisión de Puntos Constitucionales, que sesionará mañana para discutir la propuesta de Peña Nieto, y resaltó que la Cámara de Diputados no cuenta con atribuciones en el artículo 73 constitucional para legislar en materia civil de las entidades, y explicó que es responsabilidad de los estados y de los congresos locales definir lo concerniente a la materia de orden civil.

La comisión, que preside Armando Luna Canales (PRI), expresó que si bien “resulta loable” la iniciativa de Peña Nieto en cuanto a que se busca garantizar el matrimonio sin ninguna causa de discriminación, la figura del matrimonio civil no le corresponde a la federación y por lo tanto tampoco al Congreso de la Unión.

“Imponer desde este Congreso, sin previa atribución general expresa en la materia, conllevaría a las entidades federativas a una previsión no contemplada todavía” en la Constitución.

Explicó que para poder legislar como propuso el Presidente, primero tendría que modificarse la Constitución para incluir en el citado artículo constitucional la atribución expresa de los diputados para emitir normas generales en materia de estado civil con incidencia en los estados”.

El presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Guadalupe Acosta Naranjo (PRD), expuso que la opinión de la Derechos Humanos es tardía, porque tuvo 30 días a partir de que se le dio turno por parte de la Comisión Permanente el 18 de mayo, pero no lo hizo. Sin embargo, dijo, el documento se integrará al expediente que se discutirá mañana.

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