Xalapa, Ver. (Tomado de MundoDeCordoba).- Este miércoles sesionará la subcomisión de Examen Previo de Denuncias de Juicio Político de la LXIII Legislatura, para determinar si son procedentes las tres solicitudes de juicio contra el gobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa.

Así lo informó el diputado federal del partido de la Revolución Democrática, Leonardo Amador Rodríguez, quien confirmó que se reunirá con el coordinador de la Junta de Coordinación Política, para revisar el caso Veracruz.

En entrevista, el legislador explicó que se ha dado largas al tema, por lo que las fracciones del PAN y PRD presionan para que se reúnan los diputados responsables de analizar la procedencia de la petición.

Hay que mencionar que PAN, PRD y Morena solicitaron juicio político contra el gobernador Javier Duarte de Ochoa, recientemente diputados federales dijeron que están a la espera de que la PGR envíe la solicitud de juicio de procedencia para separar del cargo al mandatario estatal y atienda las denuncias penales por enriquecimiento ilícito, entre otros delitos.

Cuestionado sobre el avance de la solicitud de juicio político, explicó que él participó en la entrega de la petición desde hace cinco meses, “nos preocupa la situación que vivimos en el estado, porque es una situación de alto riesgo”.

Afirmó que como representante del quinto distrito federal, le consta que la inseguridad ha aumentado, y a pesar de que la zona se ha militarizado no se han reducido los índices delictivos, “para lo mismo que en Coatzacoalcos”.

“Este miércoles se va a reunir la Comisión y ellos van a decidir si (la solicitud) se sube al pleno o no, ellos van a decidir. Mañana martes a la 9 de la mañana tengo reunión con Carlos Marín precisamente con esa petición, sé que él ya declaró que van a pedir que se inicie el juicio político”.

Hay que mencionar que son causas de juicio político: Afectar los intereses públicos fundamentales y, por consiguiente, a su correcto despacho: El ataque a los entes públicos; El ataque a la forma de Gobierno del Estado, así como a la organización política y administrativa de los municipios; III. La violación sistemática a las garantías individuales o sociales.

Así como: La violación sistemática a los planes, programas o presupuestos, así como a la normativa aplicable a la recaudación, manejo, administración y aplicación de los caudales públicos; V. El ataque al ejercicio del sufragio; usurpación de atribuciones; Cualesquier acción u omisión en forma intencional que origine una infracción a la Constitución Política o a las leyes del Estado, cuando cause daños o perjuicios o motive algún trastorno en el funcionamiento de los entes públicos.

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