Orizaba, Ver., 25 de noviembre de 2016. Al Gobierno de la República que encabeza, Enrique Peña Nieto no le conviene la aprobación de la “Ley de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares”, porque representaría un alto costo político internacional admitir que es un problema grave, y es por ello que el Senado de la República frenó su aprobación como lo demandan los colectivos de familiares de desaparecidos de todo el país, afirmó la presidenta del colectivo de la zona Orizaba-Córdoba, Aracely Salcedo Jiménez.

“Esta ley no quieren que se apruebe, saben por qué, porque si esa ley se autorizara con ese nombre Ley de Desaparición Forzada y Desaparición de Particulares, sería el costo político muy grande para México a nivel internacional, porque sería que el presidente y toda su comitiva aceptara que la desaparición en México es lo peor que estamos viviendo”.

Apuntó, que por este motivo es que siguen minimizando los hechos, estimando que sólo son casos aislados, de tal suerte, que durante la reunión que tuvieron en la Ciudad de México les hicieron propuestas para hacer modificaciones a su iniciativa, y con ello le pudieran dar el pase para su aprobación para lo cual determinaron no aceptar lo que ofertan los “representantes del pueblo”.

“Quieren que sea una ley por no localizados, nosotros no la vamos a aceptar, no queremos aceptarlos como no localizados, porque para nosotros es minimizar la situación tan grave que vivimos en el país”.

Lamentó, además el doble discurso que se utiliza por parte de los legisladores, ya que durante la mesa de trabajo donde estuvieron reunidos los 34 colectivos con 40 organizaciones que los apoyan, les hablaron de un total apoyo y en la misma madrugada aprobaron el presupuesto para el año 2017 y de todas maneras si se hubiese aprobado no habría dinero para operar para la búsqueda de miles de desaparecidos; pero eso sí, el Senado de la República se aprobó un bono navideño por 365 mil pesos.

Están rebasados
A nivel nacional se cuenta con un sólo perito para atender los trabajos que permitan dar identidad a los restos que han encontrado los colectivos en México y Veracruz, lo cual dificulta la identificación de los mismos y contratar a un perito independiente representaría una erogación de 180 mil pesos por cada uno de los restos, de tal suerte que sería una inversión millonaria que se tendría que tener; sin embargo, admitió que si hubiese voluntad de las autoridades ya se tendrían algunos resultados.

“La prueba de sangre está tan sólo en 40 dólares, y la de hueso está en 700 dólares, para que nosotros podamos hacer algo así, no tenemos el dinero, no lo hay, y la autoridad no lo están haciendo”.

Tan sólo en Veracruz se encontraron restos en el Porvenir, Paso del Macho e Ixtaczoquitlán; citó como ejemplo que en San Rafael Calería se encontraron 20 mil restos y solo se tiene el ADN de 10, pero al no haber confrontas, y concluido el procedimiento tampoco se han podido entregar a sus familiares.

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